Cuando las parejas comienzan a tener problemas dentro de su relación, uno de los principales conflictos es saber quién se quedará con ellos.

Si ambos progenitores están de acuerdo, lo tendrá uno y el otro hará sus visitas para convivir con su hijo y no existirá problema alguno porque se entiende que ambas partes se están poniendo de acuerdo en cuanto al ejercicio de sus derechos.

Pero cuando no se logra un acuerdo, se debe acudir ante el Juez de lo Familiar para que el mismo dicte una sentencia en la cual establezca quién de los progenitores estará a cargo del menor y tendrá su cuidado y por otra parte como se establecerán las visitas para la otra parte a efecto de que conviva con su hijo.

Ahora bien, no obstante que se establece la guarda y custodia a alguno de los ascendientes y éste es quien pasa la mayor parte del tiempo con sus menores hijos, no le da derecho a que disponga e imponga su capricho sin tomar en cuenta a la otra parte.

Lo anterior es así, porque ambos padres conservan la patria potestad y ello se traduce en la relación filial que existe entre un progenitor con su hijo o hija, en la cual éste es representante legal del mismo en todos sus derecho y obligaciones, por lo que si bien se determina a uno de los ascendientes la guarda y custodia, no se le limita a la otra parte el ejercicio de su patria potestad.

Así en caso de la separación de los progenitores, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes, quedando el menor bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos (custodia), mientras que el otro conservará sus derechos de convivencia e, incluso, la obligación de velar por la formación física, espiritual y moral de él (Vigilancia), por lo cual deberá tomarse decisiones conjuntas y nunca de forma unilateral.

Por lo anterior, Punto Fino Abogados, S.C., es un despacho de abogados especialistas en derecho familiar, que le ayuda a resolver los conflictos que surgen en su familia respecto de la guarda y custodia de sus hijos, pero además a defender su posición como progenitor y sus derechos a ser tomado en cuenta en las decisiones sobre el menor.